Salas pequeñas, sin ventilación (no cuentan con ventiladores ni aire acondicionado) y pocos sanitarios; así es la situación de la Universidad Politécnica Paraguay – Taiwán, la cual actualmente funciona en el predio cedido por el Comando de Comunicaciones del Ejercito, en la ciudad de Asunción.

Los estudiantes siguen reclamando a las autoridades académicas la falta de una instalación adecuada y como medida de presión, los mismos no están acudiendo a dar clases.

La casa de estudios carece de una sede propia, por ello actualmente debe funcionar en un cuartel militar, el cual no cuenta con las medidas necesarias para garantizar el bienestar estudiantil.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los universitarios deben soportar las condiciones insalubres en ese lugar y que incluso tuvieron que contribuir para la compra de ventiladores.

A todo lo anterior se suma la nueva resolución que establece los nuevos aranceles para los estudiantes que asisten a esa institución educativa.

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Los actuales aranceles, de acuerdo a la resolución de 9 de agosto del 2022, son los siguientes: G. 1.300.000 para matrícula de traslados, 1.100.000 para el pago de matrícula tardía, 1 millón para examen de ingreso, 1 millón para matricula ordinaria y 1 millón para matriculación de curso de inducción.

Para el cambio de carrera se debe abonar G. 200 mil, para el derecho de examen final de trabajo de grado hay que pagar 250 mil y por el título de grado, 150 mil. Mientras que el arancel para constancia académica, certificado de notas, constancia de inscripto por asignatura, convalidación por materia y certificados de estudios de egresados es de 100 mil cada uno.

La revisión de examen cuesta G. 40 mil, la autenticación del legajo, 50 mil; programa de estudio, 35 mil; derecho a examen ordinario, 50 mil; derecho a examen extraordinario, 70 mil; multa por retiro de materia, 25 mil; cédula universitaria, 20 mil; y multa por devolución tardía de libros de biblioteca, 6 mil.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Thais García, obtuvo una condena de 28 años de prisión para un hombre que asesinó a escopetazos a tres miembros de una familia en el interior de un bar de Presidente Franco en 2021. El condenado está identificado como Aldo Heriberto Espínola Campuzano (29).

La fiscal produjo pruebas irrefutables para demostrar la responsabilidad del acusado, quien fue hallado culpable de homicidio doloso.

García solicitó 30 años de cárcel, pero el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Herminio Montiel y conformado por sus pares Marino Méndez y Zunilda Martínez Noguera consideró factible la aplicación de 28 años de pena carcelaria.

La matanza ocurrió el 4 de julio de 2021, alrededor de las 23:30 horas, en el local denominado “Pollería Restaurante VN”, ubicado en la avenida Monday, kilómetro 5,5, barrio San Miguel de Presidente Franco. En el lugar fallecieron Adolfo Báez Martínez (28) y Michel Adrián Martínez Rivas (22), mientras que semanas después falleció Wilfrido Báez Martínez (29) en un centro asistencial.

Según los antecedentes, aquel día, los hermanos Báez Martínez y su primo Martínez Rivas se encontraban en el bar, al igual que el hoy condenado, quien estaba en compañía de una mujer. En un momento determinado, llegó al sitio otra dama, quien dijo ser la esposa de Aldo Espínola, iniciándose una discusión y forcejeo entre las mujeres. Allí intervino el hombre de la discordia, quien llegó incluso a golpear a la que decía ser su esposa.

Al ver esta situación, intervinieron los hermanos Adolfo y Wilfrido, además de su primo Michel Adrián, quienes se interpusieron para parar la pelea, llegando a empujar a Aldo Heriberto, quien quedó muy ofuscado, advirtiéndoles que iría a buscar su arma para acabar con todos ellos, retirándose del lugar.

Luego de unos 15 minutos, el criminal retornó con una escopeta calibre 12 mm en su poder, y al bajar de su vehículo comenzó a disparar contra las víctimas, quienes intentaron correr, pero fueron alcanzadas por varios proyectiles y cayeron al suelo.

Posteriormente, el autor se acercó a Michel Adrián, quien estaba en el suelo, y le volvió a disparar, falleciendo en el lugar al igual que Adolfo. Mientras, Wilfrido fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde permaneció internado hasta el 21 de julio de 2021, fecha en que se produjo su deceso por la gravedad de su cuadro.

El criminal, por su parte, huyó del lugar y se mantuvo un tiempo prófugo de la justicia, hasta que fue capturado, sometido a proceso y finalmente sentenciado a 28 años de prisión.

Aldo Heriberto Espínola Campuzano registra antecedentes penales por homicidio doloso en grado de tentativa en 2020 y robo en 2019, según el Departamento de Informática de la Policía Nacional.

El hombre fue hallado sin signos de vida sobre la Ruta III Elizardo Aquino, en inmediaciones del Club Nueva Estrella, de la ciudad de Limpio.

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Lo trasladaron hasta el hospital distrital de la referida localidad y posteriormente, tras los trámites de rigor, por disposición de la fiscal Sara Torres, el cuerpo fue traslado a la Morgue Judicial, donde permanece mientras se aguardan los resultados de la toma de huellas dactilares y la localización de sus familiares.

La médica de guardia que asistió manifestó que el hombre fue trasladado por Bomberos Voluntarios quienes recibieron un pedido de auxilio, acudieron al lugar y lo derivaron al hospital donde se confirmó que ya no tenía signos de vida.

El médico forense de turno del Ministerio Público diagnosticó como probable causa del deceso “muerte súbita cardiogénica”.

Los agentes fiscales Marcelo García de Zúñiga y Alfredo Ramos Manzur investigan la sustracción ilegal de energía eléctrica y otros delitos, en perjuicio de la Administración Nacional de Energía, cuya pérdida patrimonial ronda los G. 889.485.000, aproximadamente.

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La intervención se produjo en un inmueble de la localidad de La Colmena, departamento de Paraguarí. En el sitio fueron hallados 271 equipos procesadores de criptomonedas y 2 transformadores de distribución, con capacidades de 3.150 kVA y 24 kVA, totalizando 3.195 kVA de potencia.

El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho tras la denuncia realizada por representantes de la ANDE. Los hechos punibles investigados son: sustracción ilegal de energía eléctrica, perturbación del servicio público y sabotaje.

La actividad fue descubierta por funcionarios de ANDE, el pasado martes, luego del control y la verificación de una línea de media tensión que presentaba variaciones en la demanda eléctrica. El hecho ocurrió en la compañía Yvaroty.

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